Es un proyecto de inversión y asistencia técnica financiado por el Banco Mundial, que apunta a asegurar el abastecimiento del servicio eléctrico a poblaciones rurales dispersas alejadas de las redes de distribución y que no disponen de energía eléctrica de red y no dispondrán de ella en el corto y mediano plazo, constituyendo así una política de inclusión social que genera una mayor igualdad de oportunidades y una mejora en la calidad de vida de la población.
Ese abastecimiento debe realizarse en forma sostenible y mediante la utilización de fuentes de generación de energías de manera limpia y renovable contribuyendo de ese modo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El proyecto se lleva a cabo desde la Secretaría de Energía de la Nación a través de una Unidad Coordinadora y de Unidades Ejecutoras Provinciales garantizando de esta forma su implementación de manera federal, quedando el suministro a cargo de concesionarios tanto públicos como privados.
El proyecto subsidia la provisión e instalación de: